El haber sido empujados “en” o “hacia” las grandes urbes, lugares primordialmente creados y sostenidos para consumir y dejar de producir se ha instaurado como parte de la cotidianidad. Desde décadas anteriores se han producido oleadas de migración del campo a la ciudad, familias migrantes se han asentado en zonas urbanas marginales con el mismo objetivo de siempre, mejorar las condiciones de vida y en lo posible ascender en la escala socioeconómica. Constituyéndose el consumo, conforme a las dinámicas del mercado, en motor primordial de la economía e incluso en medio idóneo para posibilitar óptimas condiciones de acceso y disfrute en la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia (alimentación, agua, salud, educación, empleo, etc.), conforme al modelo actual de desarrollo del Perú.
Los primeros en ser impactados de forma irreversible con la puesta en marcha de normas, lineamientos, directrices, planes gubernamentales y políticas públicas en base a un modelo de desarrollo de tipo exportador extractivista, son el agua, los bosques, la biodiversidad, la alimentación, la salud, los territorios de las comunidades andinas y amazónicas, (…). A ello también se suma la forma en que se representa a las comunidades campesinas-indígenas, de verlas casi siempre como carentes y desprovistas de algo, que a consecuencia de su empobrecimiento, racialización y carencia de educación, dejan de ser sujetos activos transformadores de sus propias realidades. Aniquilando cualquier iniciativa que pudiera generarse desde abajo, con el propósito de combatir las enormes desigualdades que se producen desde el momento en que se privilegia un color de piel, una forma de ser y existir y una manera de vivir.
Desde el momento en que se ha declarado la alerta sanitaria de contagio masivo por COVID-19 por parte de los gobiernos y las instancias internacionales, las desigualdades sociales, culturales, económicas y ambientales existentes se han profundizado. Siendo las poblaciones involucradas en actividades económicas informales (informalidad laboral en empleo formal, informalidad laboral en trabajador independiente e informalidad laboral en comercio ambulatorio)quienes más son afectados por las medidas de confinamiento y de contención. Según la OIT a nivel mundial, 1.600 millones de 2.000 millones de trabajadores de la economía informal se ven afectados por tales medidas, a su vez, obligados a no poder cumplirlas por la necesidad de alimentar al grupo familiar, ya que no se cuenta con otros medios de subsistencia, ante el dilema de “morir de hambre o morir por el virus”. Frente a esta situación la OIT ha recomendado a los Estados “adoptar políticas que reduzcan la exposición de los trabajadores informales al virus; garantizar que las personas contagiadas tengan acceso a la atención médica; proporcionar un ingreso y ayuda alimentaria a las personas y sus familias y prever los daños causados en el tejido económico de los países”.
En este grueso rubro de informalidad laboral se encuentran también los pueblos indígenas, quienes han demandado al Estado peruano implementar protocolos de salud intercultural para la prevención y atención médica. Es ya sabido que en las ciudades la precariedad sanitaria es alarmante, y si por un instante nos imagináramos en ¿qué pasaría si al interior de los territorios de las comunidades andinas se empieza a propagar el COVID-19?, tal como ya viene sucediendo en las comunidades amazónicas. Sabiendo que muchos puestos de salud hasta el momento no cuentan con el equipamiento, infraestructura y personal médico que pudiera reunir y garantizar mínimamente acciones que pudiera enfrentar los impactos en la salud colectiva, no como entes aislados ni individualizados, sino como parte de un todo que se interrelaciona. Por ejemplo que un integrante de la comunidad se contagie, va suponer asumir una atención y recuperación en condiciones de extrema precariedad sanitaria, va repercutir en las formas de convivencia con sus familiares y demás integrantes de la comunidad, va afectar en la otra forma de toma de decisiones a través de las asambleas comunitarias, va afectar en el cuidado de los animales y los cultivos, en las transacciones comerciales (ferias locales), y hasta en los acontecimientos festivos que llevan implícito la ritualidad. En todas estas acciones el sentido de ser y hacer comunidad ya se ve tensionado con las medidas de aislamiento y confinamiento social, y para un corto plazo va demandar asumir acciones no incluyentes sino realmente interculturales.
La CIDH a las recomendaciones dictadas en materia de pueblos indígenas y pandemia, adiciono cinco puntos más, como son la incidencia en el derecho a la salud de los pueblos indígenas desde los enfoque género, interculturalidad y solidaridad intergeneracional; asegurar la participación de autoridades tradicionales en la formulación y prevención de medidas de prevención y atención médica; tomar medidas de mitigación respecto de los efectos socioeconómicos que genera las acciones sanitarias; abstenerse los Estados promover y autorizar proyectos extractivos en territorios de pueblos indígenas ante la imposibilidad de llevar adelante procesos de consulta previa; y extremar las medidas de protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Voceros de muchos pueblos andinos y amazónicos han manifestado que en estos momentos las campañas informativas de medidas de protección contra el coronavirus, como lavado de manos, higiene doméstica, distanciamiento entre personas, aislamiento social, evitar tocarse boca, nariz y ojos, recurriendo al uso de lenguas originarias, tal como lo viene impulsando el Ministerio de Cultura, ya es insuficiente. Lo que queda por hacer es contar con planes de salud intercultural para las comunidades amazónicas y andinas, que pudieran contener información sobre las formas de propagación, transmisión, atención, cura y vigilancia sanitaria al interior de las comunidades; medidas de protección territoriales en zonas donde se ha propagado el virus, medidas de seguridad para el transporte de alimentos y personas, vigilancia del ingreso de personas fóraneas, tratamiento de los cadáveres por COVID-19, entre otros.
De momento desde el Ministerio de Salud, se ha aprobado un documento técnico de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, que conforme lo señala, para el caso de poblaciones originarias dispersas, se ha dispuesto un conjunto de medidas de protección y control. Entre las señaladas cabe destacar, la entrega periódica de insumos básicos para el lavado de manos, mascarillas y lejía para la desinfección de ambientes; distanciamiento social al interior de las comunidades; implementación de puntos estratégicos para la realización de las pruebas rápidas; toma de temperatura y evaluación clínica; implementación de sistemas de comunicación de traslado de pacientes sospechosos a la comunidad, establecimiento de puntos de cuarentena; fortalecimiento de sistemas de vigilancia comunitaria, entre otros.
El mayor desafío para el Estado peruano va ser ¿cómo implementar al interior de las comunidades amazónicas y andinas, los planes de salud intercultural?, por sentido común sabemos que una acción como esta va demandar hacer esfuerzos por sumar voluntades y acciones políticas que supongan un mínimo de articulación intersectorial local (lineamiento 4) entre autoridades comunales, autoridades sanitarias y educativas locales, ONGs, iglesia, empresa privada, medios de comunicación y otros. Así como el involucramiento de dichos actores en las acciones de prevención, tratamiento, cuidado, vigilancia sanitaria, e identificación de los impactos presentes y futuros que dejará la pandemia. Incluso tomar en cuenta las recomendaciones dadas por el Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) y el Foro Indígena Abya Yala (FIAY), como son proyectar estrategias para abordar la fase posterior de la crisis sanitaria; los sistemas nacionales de información de salud deben identificar a personas indígenas afectados de CODIV-19 para desarrollar protocolos sanitarios con respeto a las cosmovisiones y gobernanzas territoriales; difundir buenas prácticas entre pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en cuanto a iniciativas y medidas para evitar la expansión de la pandemia; etc.
No esta demás recordar que los pueblos indígenas tienen derecho en forma colectiva e individual al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y espiritual, conforme lo proclama la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Art. XVIII numeral 1).