El 30 de noviembre de 2019 se celebró el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, a través del comunicado de prensa 306/19, la Comisión hace llegar su preocupación ante la profunda brecha entre los derechos establecidos en las normas y la realidad en que viven millones de niños y niñas en la región. De ahí que siga siendo una demanda social que los Estados implementen sistemas nacionales que ejecuten de forma efectiva las políticas públicas de protección especiales y reforzadas destinadas a garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, además de permitirles vivir una vida digna y libre de toda forma de violencia .
Hacer alusión al derecho de la salud de niñas y niños, creemos va un poco más allá del acceso y calidad de servicios sanitarios en el tratamiento, curación y rehabilitación frente a alguna enfermedad, que desde ya son muy precarios. Es considerar también condiciones necesarias y adecuadas que pudieran garantizar su crecimiento y desarrollo físico, emocional, espiritual y social acorde a las diferencias socioculturales, sea disponer de una alimentación y nutrición saludable y equilibrada, un medio ambiente limpio y seguro, educación escolarizada, y un entorno familiar y comunitario libre de todo tipo de violencia. Ósea proyectar una mirada amplia e integral del derecho a la salud para la población en general.
En el marco de este enfoque integral del derecho a la salud, no está demás decir que éste se constituye en un derecho indispensable para el disfrute de los demás derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizarlo en toda su plenitud hará posible la realización de los demás derechos señalados . Aunque la cotidianidad nos pone de manifiesto que el empobrecimiento y la racialización define quienes, dónde, cuándo y cuántos niñas y niños pueden disfrutarlos. De ahí que garantizar eficientemente el goce y disfrute del derecho a la salud de la niñez en términos universales continua siendo una tarea pendiente ante las enormes brechas de asimetría social, cultural, económica, política y ambiental, evidenciadas hoy por la pandemia del COVID-19, y padecidas por las familias de millones de niñas y niños que residen en zonas periféricas, marginales y rurales en relación a los centros urbanos.
El pasado 07 de abril se conmemoro el Día Internacional de la Salud, una fecha que nos lleva a recordar el compromiso que deben asumir las entidades estatales, instituciones privadas, medios de comunicación y sociales, agentes de cooperación internacional e investigadores en incidir colectivamente en el derecho de la niña y niño “[…] al disfrute del más alto nivel posible de salud […]”. En la medida que se garantice mínimamente el acceso a alimentos inocuos, nutricionalmente adecuados y culturalmente apropiados; el suministro de agua potable salubre; la adopción de medidas frente a los peligros y riesgos que la contaminación del medio ambiente plantee respecto a la salud de la niñez; etc.
Finalmente no hay que pasar por alto las implicancias que tiene para los integrantes de las comunidades campesinas-indígenas hacer efectivo el derecho a la salud, en tanto este derecho no solo abarca una dimensión individual sino también colectiva. Tal como lo resalta un informe temático aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando subraya que “[…] las actividades relacionadas con proyectos de desarrollo que inducen al desplazamiento de poblaciones indígenas, contra su voluntad, de sus territorios y entornos tradicionales, y traen consigo la pérdida de sus recursos alimenticios y la ruptura de su relación simbiótica con la tierra, ejercen un efecto perjudicial sobre la salud de esas poblaciones”.